Democracia ambiental y la crisis del agua en la COP25

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. Así definía el elemento Leonardo Da Vinci.

El agua es vida, ambiente y sociedad. Debemos avanzar hacia una mirada, de la nueva gestión y cultura del agua, la cual debería ser entendida como el fondo profundo que embebe, todas las conductas individuales e institucionales, que se expresan en una sociedad.

La gran mayoría de los países han asumido, a través de los Objetivos Mundiales del Desarrollo Sostenible, el compromiso de garantizar el abastecimiento de agua segura y saneamiento para todos, de aquí al año 2030.

Esto implica que la cultura del agua, debería dejar de ser considerada como un componente más de los proyectos, programas y planes de la institucionalidad pública y privada y debería ser la prioridad y generadora /condicionante de todos, los otros componentes de la gestión. El stress hídrico afecta a todos los continentes, estimándose las pérdidas, por causa de la sequía en US$8.000M y las empresas habrían gastado ese año US$84.000M para mejorar la forma como se conserva y se obtiene el agua. Actualmente, hay una brecha hídrica creciente en Chile que generará serios déficit de disponibilidad de agua en muchos lugares poblados; por otra parte los eventos de riesgo hídrico serán reiterados y severos causando muertes y daños económicos de gran magnitud.

No podemos seguir omitiendo, la crisis del agua de los problemas prioritarios del país.

La COP25 que se desarrollará a fines del presente año, nos abre una oportunidad como sociedad de enfrentarnos a estos desafíos en las prioridades de la Administración del Estado. Así esta cumbre mundial, nos plantea riesgos de mayor significancia en el futuro, y que nos pondrán a prueba en nuestras capacidades de adaptarnos y de mitigación del cambio climático, en una sociedad más compleja y desafiante.

Hace unas semanas, fue presentado en la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo de avanzar hacia la idea de legislar en esta reforma. Como país necesitamos que el SEIA genere procesos robustos de evaluación ambiental, que permita estimar, prevenir y transparentar los impactos socio ambiental, lo que es posible sólo con una participación ciudadana de calidad y procesos transparentes de toma decisiones. 

Al respecto, cabe recordar que Chile ostenta el más bajo nivel de gasto público ambiental del grupo de los países OCDE, con un 0,1% del PIB siendo incluso uno de los más bajos a nivel latinoamericano. Por ello, avanzar en mejor fiscalización, contar con sistemas de ordenamiento territorial y mejorar profundamente la normativa ambiental son requisitos para el buen funcionamiento del SEIA, que sin duda deben ser perfeccionados en el mediano y largo plazo, pero abre la cancha a una participación democrática, con eficacia y sentido de valor en la toma de decisiones.

Esto finalmente es lo que deberíamos discutir, pensando en el futuro, considerando que el Proyecto de Ley de Cambio Climático, exige considerar modificaciones institucionales, de gran envergadura que permitan una gobernanza adecuada, donde la calidad de la participación ciudadana es  importante y que sin lugar a dudas, permitirá dar un orden a las prioridades a los requerimientos nacionales, regionales y locales.

Fuente: LaTercera.com